En un comunicado de prensa, el PSOE señala que, una vez más, “el PP de Águilas intenta, con su manipulación torticera de la realidad, conseguir manchar el nombre de la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Moreno, firmes en su pataleta de no aceptar lo que los aguileños y aguileñas decidieron en las urnas que no fue otra cosa que dar la mayoría absoluta a Moreno, cabeza de lista del PSOE, que lleva tres legislaturas gobernando en la localidad, las dos últimas con mayoría absoluta”.
El escrito de los socialistas continúa indicando que “lo que los populares no lograron en las urnas, parecen querer alcanzarlo ahora con calumnias, más preocupados por manchar el nombre de Moreno que por preocuparse de si, por poner un ejemplo, en sus filas pudiese existir algún o alguna persona presuntamente incumplidora con el deber de todos los ciudadanos de estar al día con la Hacienda Pública”.
En su última publicación, el concejal del PP, Juan Zaragoza, acusa a la alcaldesa de haber sido obligada a devolver de su bolsillo 9.123 euros por- señala Zaragoza- “ordenar gratificaciones pagadas a un funcionario”. “La realidad es bien distinta”, subrayan desde el PSOE. para empezar, cabe señalar que “el asunto se encuentra recurrido y se está a la espera de un pronunciamiento definitivo, solicitándose su archivo, ya que el Ayuntamiento de Águilas siempre actuó según los criterios técnicos de los servicios municipales encargados de confeccionar y pagar las nóminas. Dicha actuación también ha sido avalada por los servicios jurídicos municipales. Además, en la propia sentencia se señala la ausencia de dolo; es decir, que la propia sentencia indica que no existió por parte de la alcaldesa ni por ninguna de los funcionarios también afectados, intención o voluntad de provocar un daño. Es decir, la alcaldesa mensualmente firma más de 200 nóminas de trabajadores y trabajadoras municipales que llegan hasta ella desde los servicios técnicos encargados de su elaboración y no ‘ordena’ como señala Zaragoza en su nota, con claro interés de confundir a la ciudanía, los pagos de gratificaciones a funcionarios”.
Por otro lado, fuentes socialistas también resaltan que “es del todo incierto- como también señala faltando a la verdad una vez más el concejal popular- que la alcaldesa haya tenido que devolver de su bolsillo casi 10.000 euros. La realidad es que la alcaldesa, pese a estar a la espera de la resolución definitiva, ya que el asunto se encuentra recurrido, ha depositado 4.933,05 euros en las cuentas del órgano jurisdiccional y por lo tanto no habrá, en ningún caso, ninguna pérdida para las arcas municipales”.
Se trata de un asunto, el del pago de nóminas en régimen de baja laboral para un habilitado nacional en situación de acumulación, en el que existen diversas interpretaciones de órganos oficiales, entre ellos la propia Dirección General de Administración Local de la CARM que ha determinado, como se aprecia en un informe que no es una cuestión pacífica; es decir que cada provincia tiene un criterio diferente y ni siquiera existe unanimidad en la interpretación en los propios Colegios de Secretarios e Interventores.
Este asunto se trata de un expediente administrativo que se está tramitando desde 2023 y que se refiere a pagos de nómina de un empleado municipal, de diciembre de 2020 a marzo de 2021, es decir 4 meses, y que actualmente está aún sin resolver de forma definitiva; tanto en vía administrativa en el propio Ayuntamiento que tiene un expediente abierto, como jurisdiccional ante el Tribunal de Cuentas.
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