La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), ha sorprendido a dos pescadores furtivos en el litoral aguileño que se encontraban pescando sin autorización y en una zona prohibida para la práctica de esta actividad. Además, estaban utilizando una embarcación y ambos carecían de la preceptiva licencia náutica para el uso de la embarcación.
Durante la actuación, que se encuentra enmarcada en el ‘Plan Anual de Control e Inspección de Actividades Pesqueras (PACIAP)’, los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) han denunciado a los dos pescadores furtivos por infracciones detectadas a la Ley de Pesca y a la normativa náutica.
La actuación tuvo lugar en aguas del municipio aguileño, cuando los guardias civiles del SEPRONA estaban desarrollando un dispositivo para prevenir y perseguir el furtivismo marítimo, tras una denuncia presentada por una empresa dedicada a la acuicultura en la que informó de la presencia de embarcaciones dentro de sus instalaciones, donde no se respetaba la distancia mínima de la línea perimetral delimitadora de las instalaciones acuícolas.
En uno de los dispositivos de vigilancia establecidos, se detectó la presencia de una embarcación, de aproximadamente seis metros de eslora, con dos ocupantes que estaban pescando en una zona no habilitada para la práctica de esta actividad.
Los guardias civiles identificaron la embarcación y a sus dos ocupantes, y comprobaron que carecían de la correspondiente licencia administrativa para la pesca, que estaban pescando en una zona prohibida y que carecían de la preceptiva titulación náutica para navegar.
La Guardia Civil ha decomisado la embarcación utilizada y ha denunciado a cado uno de los pescadores furtivos por tres infracciones recogidas en la normativa de pesca y navegación, que han sido remitidas a las autoridades competentes.
Las infracciones detectadas por el SEPRONA de la Benemérita conllevan multas que oscilan entre los 300 euros y los 60.000 euros, dependiendo de su gravedad, pudiendo alcanzar los 300.000 euros para las infracciones muy graves.