El diputado aguileño y secretario general del PSOE de Águilas, Juan Andrés Torres, ha denunciado esta mañana en el Pleno de Control de la Asamblea Regional la tardanza en la transferencia de fondos, por parte del Gobierno Regional, a los grados de formación profesional; tanto es así que “el primer trimestre de curso de FP se ha desarrollado sin material para desarrollar sus formaciones”- ha manifestado Torres- quien ha señalado como ejemplo “el grado medio en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que se está impartiendo por primera vez este curso en el IES Rey Carlos III y que se ha tenido que desarrollar, durante todo el primer trimestre, sin ningún material para realizar prácticas ni impartir docencia”.
Torres ha calificado de “auténtico disparate” que fuese ayer, doce de diciembre, cuando el Gobierno Regional transfiriera los fondos a los centros.
Asimismo, Torres ha asegurado que “gracias a esta pregunta oral registrada en la Asamblea Regional por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la Consejería de Educación ha transferido por fin los fondos que debían a la Formación Profesional; unos fondos que, aunque al Gobierno Regional siempre se les olvide decir, proceden del Gobierno de España”. En este sentido, el diputado aguileño ha recordado que “el Gobierno central ha realizado la mayor trasferencia de dinero público para la Formación Profesional en nuestra Región; en concreto, en este curso, la Consejería tiene a su disposición más de 18 millones de euros gracias a Pedro Sánchez para invertirlos en Formación Profesional”.
Por otro lado, ha aseverado que en el presente curso se está aplicando por primera vez la Ley de Formación Profesional del Gobierno de España. “Una ley que está a la vanguardia de toda Europa. Una ley que ha llevado a cabo una transformación de la FP sin precedentes para hacerla flexible, dual, moderna y correlacionada al mercado laboral del presente y del futuro. En definitiva, una ley que pone a la FP en el lugar que se merece”.
En otra línea, ha recordado que, a pesar de ser el impulsor de la asignatura de la Constitución Española, es el mayor incumplidor de la misma. “En concreto, del artículo 27 que dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho a la educación. Además, es mal pagador. Les debe dinero a los institutos, FP, a los libreros, etcétera”.
Por lo tanto, ha terminado recalcando que lo que tiene que hacer el consejero de Educación es ponerse a trabajar con lealtad institucional y garantizar por tanto los recursos a los alumnos y docentes.
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