El Partido Popular, a través de una moción presentada en el Senado, ha urgido al Gobierno de Sánchez a poner autobuses adaptados para personas con discapacidad a disposición de los usuarios afectados por el corte de los trenes de cercanías Murcia-Lorca-Águilas.
La senadora del PP por Murcia, e impulsora de esta iniciativa, Violante Tomás, ha denunciado que “el plan alternativo por carretera puesto en marcha por ADIF son autobuses que no ofrecen las adaptaciones necesarias para este colectivo”, por tanto, ha remarcado, “personas doblemente perjudicadas por el cierre que ahora no pueden desplazarse como antes lo hacían en el tren”.
Tomás ha manifestado que, desde el 1 de octubre, “los usuarios con discapacidad de la Región están viendo vulnerados sus derechos”, por tanto, ha añadido, “es urgente que se ofrezca una solución para que este colectivo pueda ejercer sus derechos como ciudadanos libres e iguales”.
La ‘popular’ ha remarcado que “este retroceso en los derechos de las personas con discapacidad atenta contra la normativa vigente, desde la Constitución Española, hasta la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Con este tipo de actuaciones, la senadora del PP ha señalado que “se olvida así la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” y “el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad”.
Al hilo, la parlamentaria ha lamentado que “el corte de la línea de cercanías condena a los ciudadanos de la Región al aislamiento y la incomunicación” y, además, “supone una pérdida de cohesión social y vertebración territorial, dejando sin un servicio esencial a más de un millón de usuarios que utilizan esta línea anualmente”.
Tomás ha recordado que “Renfe suspendió el servicio ferroviario por un plazo estimado de, al menos, tres años”, sin embargo, ha puntualizado, “diferentes corporaciones profesionales y organizaciones empresariales estiman que el cierre se alargará por un periodo, mínimo, de entre 5 y 10 años”.
Fuente: PP
