La Comunidad Autónoma constituyó hoy la ‘Mesa contra la Okupación’ que pondrá en marcha medidas para luchar contra la usurpación y allanamientos de viviendas y combatir la expansión de este fenómeno ilegal en la Región de Murcia. En ella se integran los colegios profesionales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; de Administradores de Fincas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; así como representantes de las Asociaciones Thader Consumo, Cerrajeros y Vigilantes de Seguridad, y las empresas de suministros Iberdrola y Emuasa.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, encabezó la primera reunión de la mesa, que se celebró de manera telemática, en la que presentaron los borradores del Manual de Buenas Prácticas contra la Okupación y el Protocolo de Detección Temprana. Ambos documentos son fruto de una ronda de contactos realizada en los últimos meses con los colectivos vinculados a la vivienda y pueden consultarse la página web de la Comunidad Autónoma.
“Nuestro objetivo es disuadir de la expansión de las mafias o grupos organizados que comercian ilegalmente con la okupación de viviendas”, precisó el consejero. Señaló que la Comunidad dispone de una línea de ayudas de 3,1 millones de euros para evitar que las personas que se encuentran en dificultades para acceder a una vivienda entren en una que no sea de su propiedad. Estas subvenciones las gestionan Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado en colaboración con los servicios sociales municipales.
El titular de Fomento sostuvo que “el Ejecutivo regional mantiene una tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos”. Al respecto, recordó que la Región de Murcia “es la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas”.
El Manual de Buenas Prácticas recoge inicialmente ocho medidas encaminadas a evitar que se produzcan casos de okupación, entre las que se destaca mantener el contacto con los vecinos, ya que “su testimonio puede ser una prueba concluyente para acreditar el carácter de morada del legítimo propietario”.
Además, se aconseja a los propietarios que conservar los servicios mínimos de luz y agua para detectar posibles enganches ilegales y evitar demoras en el procedimiento judicial de expulsión de los okupas. También se recomienda evitar la imagen de casa vacía o el refuerzo de medidas de seguridad como seguros y alarmas, entre otras.
Por su parte, el Protocolo de detección temprana de la okupación recoge medidas como el sistema de alerta para comunicar al legítimo propietario o a la comunidad de vecinos el caso de posible allanamiento o usurpación, así como el aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, se aconseja a las empresas de cerrajería y suministros que cotejen que los servicios se prestan son a los legítimos propietarios de las viviendas.
Durante la reunión de constitución de la mesa también se informó del canal de denuncias, puesto en marcha recientemente por el Gobierno regional para alertar de posibles casos de okupación ilegal de viviendas en un edificio, barrio o municipio y activar de forma inmediata el protocolo de actuación frente a este tipo de actos ilícitos.
El canal de denuncias anónimo (alertaokupa@carm.es) garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante de un presunto caso de usurpación ilegal de inmuebles, para evitar que el ciudadano pueda ser objeto de represalias y amenazas y garantizar así su seguridad. Los ciudadanos que se dirijan a este canal deberán proporcionar una serie de datos que permitan identificar la vivienda para que la Comunidad pueda ponerlos en conocimiento de las fuerzas de seguridad para que evalúen el caso y den una respuesta en un breve plazo de tiempo y confirmen si es una okupación ilegal.
Fuente: CARM
