01/10/2021

La Comunidad subraya que el Gobierno central condena a la Región a ser "ya la peor conectada por tren de España"

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El Ejecutivo regional subrayó que el cierre de los trenes, efectuado por el Gobierno de España a partir de hoy y durante como mínimo 3 años y medio, es una “auténtica barbaridad” y “condena a la Región a ser ya la peor conectada por tren de España”.

“Hoy el Gobierno central escribe una de las peores y más vergonzosas páginas de nuestra historia al materializar el corte de los trenes, que nos sitúa en el vagón de cola ferroviario”, señaló hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

El consejero expresó su “preocupación” porque “el aislamiento ferroviario se prolongue más tiempo” del inicialmente reconocido por el Ministerio y “nos quedemos sin tren durante 5 o 6 años, sino más”.

Díez de Revenga resaltó que el cierre de los trenes es “un ataque directo a toda la Región de Murcia” que “va en contra de las familias y estudiantes que cogen a diario el cercanías para llegar al trabajo o a la universidad, y también en contra de emprendedores y autónomos que buscan crear más empleo y atraer más inversiones”.

El responsable autonómico indicó que “no hay explicación racional” que justifique el cierre ferroviario porque “existen soluciones y alternativas técnicas y viables que permiten mantener el tráfico mientras se ejecutan las obras, tal y como recoge el anterior proyecto, que fue redactado y aprobado por técnicos de Adif y que se contrató”.

“No hay nada que justifique que las obras en un kilómetro de vía suponga el cierre de toda la red ferroviaria de la Región”, incidió el consejero.

Díez de Revenga resaltó que “los trenes están ya cortados a partir de hoy a pesar de que las obras no han empezado todavía en el tramo más difícil de ejecutar”, que discurre entre la estación del Carmen y el camino del Badén, y “tampoco hay obras que interfieran en el ferrocarril en los 179 kilómetros restantes de la red ferroviaria” hasta Águilas.

Por tanto, calificó la medida como una decisión “unilateral e injustificada” que va en contra de la libertad de las personas y el derecho de movilidad y de los objetivos de sostenibilidad europeos.

 

Fuente: CARM 

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