El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y seis ayuntamientos de la Región han acordado hoy impulsar la corresponsabilidad medioambiental y coordinar el desarrollo de los procedimientos de evaluación ambiental que afecten a su término municipal.
Se pone así en marcha una iniciativa que facilita a los municipios de menos de 50.000 habitantes, que lo soliciten de manera voluntaria, “poder liderar los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos que afecten exclusivamente a su ámbito municipal, con un enfoque más cercano y eficiente y reduciendo los tiempos en los procesos de tramitación”, explicó hoy el consejero Juan María Vázquez. “Todo ello, redundará al desarrollo socioeconómico y sostenible de cada localidad”, subrayó.
Los primeros ayuntamientos en sumarse a esta medida son Abarán, Águilas, Alcantarilla, Blanca, Mazarrón y San Javier.
El consejero Juan María Vázquez y los alcaldes y representantes de estos municipios informaron hoy de los canales de coordinación establecidos entre las administraciones regional y local y añadió que “es un ejemplo más de la apuesta del Gobierno regional por los municipios, a los que se les otorga una mayor autonomía si así lo desean para agilizar y garantizar una administración ambiental más eficiente y aumentar la seguridad jurídica”.
Vázquez señaló que “esta iniciativa da respuesta a la necesidad de los ayuntamientos de involucrarse más en los proyectos que repercuten directamente en el día a día de sus ciudadanos, y en los que conocen de primera mano las necesidades y retos medioambientales de su entorno”.
Además, destacó la relevancia de esta medida para las empresas locales, que “verán acortados los plazos de tramitación en proyectos que pueden generar empleo y dinamizar la economía de la Región”.
Jornada técnica de coordinación
La Comunidad organizará próximamente una jornada formativa a los técnicos municipales para facilitar a los ayuntamientos las herramientas necesarias para asumir con eficacia su papel en la gestión de los recursos y proyectos medioambientales. Asimismo servirá para poner en común y unificar procedimientos para aumentar la seguridad jurídica.
Se creará una Comisión de Seguimiento que se encargará de resolver las cuestiones relacionadas con la interpretación, ejecución y tramitación ambiental y en la que habrá representación de la Dirección General de Medio Ambiente, del ayuntamiento y expertos en Derecho y materias ambientales.
La Comunidad Autónoma aportará financiación para los ayuntamientos que ejerzan de manera voluntaria este procedimiento y se calculará anualmente en función del tipo de expediente y las horas de trabajo dedicadas a su tramitación.
