El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se reunió hoy con representantes de las cuatro cofradías de pescadores de la Región para analizar la situación de la pesca de arrastre y el estudio de las estrategias a seguir frente a la “drástica reducción de las posibilidades de pesca por parte de la UE”, indicó Luengo, quien destacó el apoyo a las reivindicaciones de las cofradías "ante la complacencia del Ministerio con los recortes a la flota”.
Esta reunión se produce tras la celebrada el pasado día 12 de enero entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Planas, y representantes de las flotas pesqueras del Mediterráneo, en la que, según indicó el consejero Luengo, el ministro “defendió, atendiendo a informaciones que se hicieron públicas, la necesidad de usar medidas adicionales al esfuerzo pesquero y las vedas temporales, tales como las mejoras en la selectividad de las artes de pesca y su satisfacción con las medidas acordadas por el Consejo de Ministros de la UE de diciembre”.
Luengo recordó que el 18 de diciembre se remitió desde la Consejería una carta al ministro Planas, suscrita por las cuatro cofradías de pescadores de la Región, sobre la posición de la Comunidad Autónoma y de los “grandes afectados por lo acordado en el seno de la Unión Europea sobre los niveles de esfuerzo para los barcos que pescan los recursos demersales en el Mediterráneo Occidental. Un acuerdo que supone una bajada añadida del 7,5 por ciento para 2021”, dijo.
El consejero explicó que la entrada en vigor del Plan de Gestión de Demersales “ha llevado a los pescadores a una reducción del 10 por ciento en los días de actividad, sufriendo una importante constricción económica que se añade a las bajadas de precios en los mercados por la actividad desigual del canal HORECA, y por la caída drástica de la demanda de productos pesqueros dada la bajada del turismo por la pandemia”.
“Hemos pasado de barcos que faenaban en 2019 entre una horquilla de 190 y 210 días, a trabajar entre 170 y 180 días en 2020, y con la reducción aprobada para 2021 estaremos entre 158 y 167 para la mayor parte de los barcos de arrastre, poniéndolos al límite de la rentabilidad en un mercado con precios de venta decrecientes y con un petróleo que va al alza. Es una seria problemática que ya puse de manifiesto en la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios del pasado 10 de diciembre, y que no he tenido ninguna respuesta ni consecuencia, a lo que se ve, por parte Ministerio”, detalló Luengo.
El consejero de Pesca afirmó que “nadie discute que Europa tiene que ser un ejemplo en la gestión de los recursos pesqueros dentro y fuera de sus aguas, pero no podemos olvidar que además de proteger los recursos pesqueros debemos proteger a los pescadores, y al sector de demersales se le está colocando al borde del precipicio”.
Luengo aseguró que “esta negociación no ha sido buena para el sector, ya que ni todo el Mediterráneo está en las mismas condiciones, ni todos los pescadores trabajan igual. No podemos ni debemos castigar la buena gestión que se realiza en la inmensa mayoría de las zonas de España, y no debemos permitir este atropello hacia un sector que puede provocar pérdidas irreversibles en el empleo y unidades de pesca, en un sector de arrastre que es de bajura, y del que dependen muchas familias”.
El consejero reiteró el ofrecimiento hecho en su día por parte del Gobierno de la Región de Murcia y del sector “para mantener las reuniones que sean necesarias y lograr un frente común que aplace esta nueva reducción de días de actividad, ya que lo prudente y lo razonable es no aplicar más reducciones hasta que tengamos una valoración inequívoca el estado de las poblaciones de peces tras las medidas de reducción de esfuerzo ejecutadas durante el 2020 y mientras no dispongamos de un nuevo informe del estado de equilibrio de la flota por segmentos”.
Desventaja frente a terceros países
Durante el encuentro, el consejero también puso sobre la mesa la “desventaja que nuestros pescadores sufren en comparación con los productos pescados en otros países e importados a la Unión Europea, ya que las condiciones de sus trabajadores y la competitividad, no son las más adecuadas ni sus costes de producción son comparables con los que afrontan nuestros pescadores y al sector acuícola. Por ello, seguimos reclamando el aumento de los controles en fronteras y que se refuercen los acuerdos internacionales con terceros países para garantizar la competitividad e igualdad de oportunidades de nuestro sector”.
