El viceportavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Águilas, Nuria Almagro, ha presentado esta mañana un escrito instando al Equipo de Gobierno a “que proceda, con efectos desde hoy, a la eliminación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido como Plusvalía Municipal- y su inaplicación a todas las liquidaciones que aún no sean firmes, bien por estar en plazo para interponer algún recurso bien por estar pendientes de resolución”. Todo ello, “tras conocerse ayer la nota del Tribunal Constitucional donde estima la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y considerar que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales”.
La edil del Grupo Mixto recuerda que, “en noviembre de 2019, presentó una moción, que el Equipo de Gobierno de Mari Carmen Moreno no quiso aprobar, donde solicitaba la eliminación de este impuesto de plusvalía, pues afecta a todos los ciudadanos al gravar las ventas, donaciones y herencias de bienes inmuebles de naturaleza urbana, como son una vivienda o un terreno, cuando se ha revalorizado su precio; además de tratarse de un impuesto obsoleto, confiscatorio y que grava a los contribuyentes, asfixiados ya económica y fiscalmente por unas políticas socialistas que penalizan el ahorro y la creación de riqueza”.
Nuria Almagro ha explicado que, “hace dos años, el Gobierno Municipal tuvo la oportunidad de cesar en la aplicación de este impuesto declarado ya inconstitucional. Es más, en aquella moción advertí que en 2017 se declaró inconstitucional la plusvalía municipal cuando el transmitente tenía que pagar este impuesto al ayuntamiento a pesar de que la transmisión del bien inmueble de naturaleza urbana no le supusiera ninguna ganancia o incluso se tradujera en una pérdida patrimonial y que en 2018 también el Tribunal Supremo estableció que no debía pagarse este impuesto cuando el contribuyente probara que la venta le generó una pérdida patrimonial. Solicité al Ayuntamiento que se hiciera eco de la última línea jurisprudencial y se adelantara eliminando la plusvalía, pero, como se ha constatado, el socialismo prefiere la confiscación a la libertad”.
