Durante la primera etapa del franquismo, después de la guerra civil, se estableció una política autárquica intervencionista que derivó en una profunda crisis económica, por la ausencia de divisas procedentes del comercio internacional, hundiéndose la producción por la falta de materias primas para la industria y ocasionando un problema de subsistencia para la población por el desabastecimiento de alimentos, teniendo que recurrirse en muchos casos al mercado negro por no poder acceder a productos básicos de la dieta diaria.

La década de los años cincuenta, en el nuevo marco de la guerra fría, España se convierte en aliado de las potencias occidentales, levantándose el veto que tenía para formar parte de la ONU y entrando a formar parte como estado miembro en 1950. El reconocimiento internacional se producirá con los acuerdos firmados con Estados Unidos en 1953. Durante los cuatro años siguientes, los capitales norteamericanos financiarán el déficit comercial que arrastraba. Los desequilibrios estructurales del sistema económico, al no disponerse de las divisas necesarias, producirán un cambio del modelo de mercado financiero con la liberalización de los diversos sectores productivos, que será desarrollado mediante el plan de 1959. El régimen, de esta manera, se adaptará a un patrón de crecimiento capitalista mediante los planes de desarrollo que se efectuarán desde 1960.

La industria se convertirá en uno de los principales motores económicos con las reformas realizadas mediante las inversiones de capital recibidas. Esto hará necesario un aumento del consumo de energía, para mantener los niveles de producción. La principal industria eléctrica española era la hidráulica, en 1956. Dos años después, entrarán en funcionamiento las primeras centrales térmicas mediante carbón. La tasa de producto industrial, desde 1960, se incrementó aumentando la demanda eléctrica que era insuficiente. El modelo energético resultaba dependiente del petróleo, siendo necesario importar la materia prima, produciendo un desequilibrio de la balanza comercial. Ante la imposibilidad de construirse en 1959 el gaseoducto proyectado desde Argelia hasta Alemania Occidental, que hubiera paliado el déficit eléctrico europeo beneficiando a España por discurrir por su territorio la instalación, se optara por un programa nacional de construcción de centrales nucleares para resolver el problema de abastecimiento eléctrico industrial, en un momento en que las energías renovables no se habían desarrollado.

El plan se iniciará con la puesta en funcionamiento de las centrales nucleares de primera generación (Zorita en 1968, Garoña en 1971 y Vandellós en 1972) y el inicio de las obras de las de segunda generación (Ascó en 1971, Lemoniz en 1972 y Almaraz en 1973). La crisis del petróleo, en 1973, intensificará el proceso al buscarse una alternativa, siendo aprobado el Plan Energético Nacional (PEN-1975) que comprendía una treintena de centrales nucleares por todo el territorio nacional, con una previsión de potencia eléctrica nuclear de 24.000 Mw para 1985. Entre las solicitadas estaba la de Águilas, de la compañía Hidroeléctrica Española, que se iba a construir en la Marina de Cope, en el paraje de los Abejorros.

La noticia se dará a conocer el 21 de diciembre de 1973 en la portada de los diarios regionales. En páginas interiores se ampliaba la información. Había sido anunciada a los medios informativos en rueda de prensa, en el Hotel Siete Coronas Meliá de Murcia, en un intento de trasmitir transparencia, por José Manuel Llinas Adriaenses, director de Distribución Levante-Sur; Manuel de la Fuente Luque, ingeniero jefe del Servicio de Centrales Nucleares y autor del proyecto; y José María Pérez Bergé, jefe de Relaciones Públicas de distribución Levante-Sur. Esta iba en un principio en Peñíscola, pero el tribunal supremo la rechazó por no ser suelo industrial. La potencia estaba prevista de 900-1000 megavatios en una primera fase, con previsión de ampliarse posteriormente con una segunda llegando a 1800-2000 megavatios, siendo la más potente de España que estaría en funcionamiento. Iba a ocupar una superficie de 20 hectáreas en 200.000 metros cuadrados. Había una inversión prevista de 60.000 millones de pesetas, de los cuales 14.913 millones se invertirían en la primera fase.  Iba a entrar en actividad el 1 de julio de 1981, produciendo unos 6.000 millones de Kilovatios/ hora al año. Para 1986 la cifra sería de 12.000 millones. La unidad número uno iba a llevar un reactor de agua ligera en ebullición o BRW de General Electric, como el de la central de Cofrentes. Presentaba un circuito de refrigeración cerrado sin torres, siendo purificados los residuos para reutilizarlos de nuevo en la central. El núcleo del reactor tendría una capacidad de más de ciento once toneladas métricas de uranio. Estaba destinada a dotar de energía a los Altos Hornos de Sagunto y la planta de Ford de Almusafes en Valencia.

En aquel momento, la compañía Hidroeléctrica Española cubría el suministro eléctrico del Levante y Centro. La potencia instalada en sus generadores se elevaba en 1972 a 3.675.000 kilovatios, de los que más de la mitad eran hidráulicos, habiendo pasado un volumen de 11.500 millones de Kilovatios hora. En 1973 los datos eran de 11.173 millones de kilovatios hora, lo que suponía un incremento de un 29,5 por 100 respecto al año anterior. La energía adquirida, en cambio, había disminuido, puesto que solo había sido de 812 millones, con un descenso del 55,4 por 100 respecto al año 1972. La producción térmica de 7.116. millones de kilovatios, del año 1973, doblaba con creces la obtenida en 1972, pudiendo atender al mercado propio y a otras empresas. El aumento de la demanda de energía del mercado propio había sido del 14,3 por 100 respecto a 1972. Las previsiones hacían suponer que esta se triplicará en el periodo hasta 1982.

Los datos aseguraban el servicio eléctrico hasta 1980 con los medios que disponía la empresa, consistentes en diecisiete embalses y tres centrales térmicas. No obstante, por no contar con combustibles fósiles en su área de influencia para mantener el incremento de nivel de consumo, Hidroeléctrica entró a formar parte del Plan Eléctrico Nacional de incorporación de energía nuclear a la producción eléctrica española, que estimaba para 1980 la existencia de ocho millones de Kilovatios nucleares y la incorporación de siete millones más antes de 1983. En España se encontraban en ese momento en explotación tres centrales nucleares, con un total de cuatro grupos, estando en construcción otras cuatro con diez. Para cubrir sus necesidades futuras, Hidroeléctrica, además de la Cabo de Cope que iba a funcionar en 1980, iba a construir otra en Almaraz (Cáceres) con reactor de agua a presión que debía entrar en servicio en 1976 con 930.000 Kilovatios hora y otra en Cofrentes (Valencia) con reactor de agua en ebullición con una capacidad de 975.000 kilovatios que debía estar activo en 1978.

Había que realizar un procedimiento legal de diversos trámites para este tipo de construcciones. La decisión de conceder los permisos de la obra dependía fundamentalmente del Ministerio de Industria y, especialmente, de la Junta de Energía Nuclear. En este sentido, Hidroeléctrica Española debía presentar la documentación requerida a los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, Vivienda e Información y Turismo, y Alto Estado Mayor, dada la proximidad de la ubicación de la central junto al Mediterráneo. El Estado Mayor podría dictaminar que no se trataba de un lugar idóneo, por ser el Mediterráneo zona caliente de seguridad nacional en caso de conflicto bélico y el norte de África de inestabilidad política, pudiendo resultar un peligro de seguridad nacional. Si el Ministerio de Industria o el Gobierno autorizaban la ubicación solicitada, el siguiente paso sería el de solicitar el permiso de construcción, que tenía dos aspectos diferentes. En lo que respecta a la obra de ingeniería civil, el Ayuntamiento de Águilas era el que tendría que decidir si la construcción de la central se atenía o no a su plan de ordenación urbana o a cualquiera de las otras ordenanzas municipales en vigor. Igualmente, debería de estar acorde con la legislación regional, ratificándolo la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Por otro lado, el permiso de este tipo de obra nuclear correspondía a la Junta de Energía Nuclear, a través del Ministerio de Industria. La Junta era el organismo encargado de vigilar que se construya exactamente lo que se ha solicitado y con las garantías de seguridad que exige nuestra legislación en esta materia. El último paso era un permiso de las autoridades del Ministerio de Industria, consultada la Junta de Energía Nuclear, para que la central pueda comenzar a funcionar con plenas garantías de seguridad. En cualquier caso, las decisiones adoptadas podían paralizarse por medio de recurso contencioso-administrativo por parte de personas u organismos que se consideren afectados negativamente. Había un plazo de treinta días de alegaciones, después de convocarse a información pública, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de enero de 1974.

Nada más conocerse la noticia, se inició una campaña de oposición para paralizarla, impulsada por el ingeniero Pedro Costa Morata y el actor Francisco Rabal, al que se les unió el profesor Pedro Guerrero. En aquel momento no había ningún movimiento de naturaleza antinuclear en todo el país, marcando un precedente Águilas dentro del movimiento ecologista. La problemática que suponía este tipo de centrales había sido abordada en noviembre de 1973 por José María Portell, en la “Gaceta del Norte, y un mes después, por Mario Gaviria, en el “Diario de Navarra”, a raíz de conocerse la aprobación de las centrales nucleares del País Vasco, siendo una base para abordar la cuestión. Lo que se intentaba en un principio era una moratoria por parte del Gobierno, para que estudiara la idoneidad del programa nuclear que se estaba realizando, para intentar paralizarlo. Francisco Rabal logrará adhesiones a la causa dentro del cine y el teatro, como la artista Carmen Sevilla o el productor Benito Perojo. Por el contrario, el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente no quiso sumarse. El momento político en la etapa final del franquismo era de enorme delicadeza con el reciente asesinato del almirante Carrero y la elección en la presidencia de Arias Navarro, habiéndose producido el fusilamiento del Salvador Puig Antich y la acción continua de los grupos terroristas ETA y los GRAPO.

La prensa regional publicará diversos artículos de opinión durante el mes de febrero, destacándose el nombre de Pedro Costa por su oposición al proyecto y Francisco Poveda por la defensa del mismo. Los datos que había aportado la compañía en el estudio preliminar de la central fueron desmintiéndose paulatinamente por imprecisos, siendo cuestionados. En este sentido, destacará el informe del catedrático de Física de la Universidad de Murcia, Juan Santiago Muñoz Domínguez, acerca de las centrales de agua ligera. Habrá numerosas cartas desde diversos puntos de la región, resultando más convincentes los detractores. El descontento de la comarca, de esta manera, irá en aumento entre la población, apareciendo pintadas contrarias. En Águilas las realizó Antonio Navarro, que las puso en una pared de la calle Quintana escribiendo “¡No! central nuclear” y “Átomos= Peligro=Muerte= ¡No!”. Por otro lado, los partidarios, que fueron minoritarios, decían que no se podía estar contra el progreso y que las centrales de España contaban con la misma tecnología y las mismas seguridades que en el extranjero, resultando caras y poco eficientes las energías renovables.

Habrá, por este rechazo, una reunión, el 7 de febrero, entre los miembros de Hidrola: Manuel de la Puente Duque, director de Producción y Transporte; José Luis Hernández Várela, director de Centrales Nucleares; y José Manuel Llinas, director de Distribución Levante Sur, con el gobernador civil, José Aparicio, sobre los proyectos de Hidroeléctrica Española en la Provincia de Murcia (instalaciones, inversiones), para obtener su respaldo por el descontento levantando. Intentando clarificar la cuestión, se acudió a la sesión informativa del pleno de Lorca, el 18 de febrero, presidida por el alcalde José María Campoy Camacho, donde se abordaba el tema de la central nuclear por la repercusión que podría tener para un futuro de la pedanía de Ramonete y la promoción de esa playa. Esta, que será de enorme importancia por tratarse de la cabeza de comarca, durará dos horas y media, estando presentes como invitados: Juan Santiago Muñoz Domínguez, catedrático jefe del Departamento de Física de la Universidad de Murcia; José Catalán Chilleron, profesor adjunto del Departamento de Física de la Universidad de Murcia; y Carlos Gracia Muñoz, profesor ayudante del Departamento de Física de esta misma Universidad, en representación del municipio, frente a Ignacio de Pinedo Cabezuelo, asesor secretario general de Hidroeléctrica Española; José Luis Hernández Valera, director de centrales nucleares de la compañía; Miguel Vicente, ingeniero del sector de Lorca; y José María Melis, secretario general del Fórum Atómico Español. Esto supondrá un desastre para los intereses de la eléctrica que se mostró incapaz, por su desconocimiento de la materia, de aclarar la dudas y satisfacer a los asistentes No podrán rebatir las afirmaciones del catedrático jefe, que en sus intervenciones hará un amplio análisis de los peligros que suponía la energía nuclear, pese a las medidas de seguridad establecidas por el gobierno.

El Ayuntamiento de Águilas, que en un principio no se pronunciará, lo hará después del aumento de la presión pública. Los incentivos económicos que recibiría el municipio resultaban incuestionables. La legislación fiscal española establecía que el ayuntamiento percibiría cada año 15 millones de pesetas por una unidad de un millón de Kw como la de Cabo Cope, sin contar aquellos otros ingresos por licencia de obra y otros relacionados si tuvieran aprobada la ordenanza correspondiente. Igualmente, la compañía apuntaba que se daría trabajo a 2.000 personas con un sueldo de 800 pesetas durante veinte años. Habría supuesto, de realizarse, la desaparición de la agricultura de la zona y la creación de un polo industrial con centro en Cartagena, modificando totalmente la estructura económica del Levante. Los agricultores y pescadores eran los que más se oponían, unos por que los gases de la central podrían afectar a las cosechas y los otros porque al refrigerarse con agua de mar podía afectar a su fauna. Igualmente, su impacto afectaría al Turismo de Águilas en un momento que estaba en pleno desarrollo el sector. Un punto polémico era el de los vientos, por haberse hecho el informe tomando de referencia Almería y San Javier, determinando que predominaban del Oeste, cuando en realidad son de Este-Oeste, por lo que incidirían sobre Águilas a 10 km de distancia los gases que se generaran, especialmente en caso de avería o accidente. En el tema de la seguridad, estaba en el recuerdo de la población el suceso de Palomares de 1966, que demostraba que una catástrofe era una opción que podría producirse en cualquier momento con el enorme riesgo que la contaminación nuclear tendría para la salud.

En esta disyuntiva tendrá lugar la sesión del Ayuntamiento de Águilas, dos días después de Lorca, el día 20 de febrero, para decidir su aprobación o no. Una semana antes, a la corporación se le había puesto una película sobre centrales nucleares en funcionamiento en Europa, para intentar convencerles en la votación. El interés será enorme, no pudiendo albergar el consistorio a los varios ciento de personas, de diversa condición, que querían presenciarlo, desplazándose algunos desde poblaciones cercanas. La hora de inicio era las diez de la noche, impidiéndose la entrada al salón de sesiones por estar repleto. Iniciado el pleno, se expondrá por el secretario el motivo del Decreto de la Alcaldía para la convocatoria extraordinaria del mismo. Luego tendrá lugar la lectura de todo lo publicado en prensa, tanto en sentido positivo como negativo, así como otros escritos remitidos a la alcaldía, exponiendo en estos argumentos relativos a la peligrosidad de la misma o su beneficio económico. Seguidamente, se dieron a conocer las gestiones realizadas por la Corporación acerca de otros Ayuntamientos donde están instaladas o donde se proyecta su instalación. También se harán unos apuntes de los capítulos más importantes del proyecto presentando por Hidroeléctrica por el arquitecto técnico municipal, Pascual Navarro Martínez, que concretará algunos puntos imprecisos que contenía, en especial el de la demografía, que no correspondía con la realidad por haber tenido un saldo positivo aumentado los tres años anteriores en tres mil habitantes el municipio. Luego, se presentará un escrito del director de la empresa Pascual Hermanos, acerca de las inversiones en la localidad, el empleo que producía y un anuncio de ampliación de las instalaciones.

Después de esto, el alcalde José María Guillén Florenciano pronunciará un discurso con la responsabilidad de representante municipal, pero también como aguileño, sobre la evolución socio-económica de la localidad los últimos veinte años, que levantará aplausos por su imparcialidad al acabar. En su disertación, indicará que la noticia de la central nuclear había causado esperanza a la corporación por los puestos de trabajo que podría proporcionar, haciendo que muchos emigrados pudieran regresar. Igualmente, apelará al progreso que representaba para el municipio. No obstante, señalaba prestar atención a los diversos sectores económicos del pueblo. Los últimos años apuntaba que había desaparecido la industria del esparto, reduciéndose la flota pesquera y estando los talleres de Renfe con actividad mínima, representando una solución. Igualmente, destacaba la ampliación de las plantaciones de tomate que cotizaban en los principales mercados europeos y las crecientes urbanizaciones que suponían una enorme riqueza. De esta manera, manteniendo la neutralidad no quería oponerse al progreso, pero tampoco a una industria que tanta riqueza ocasionaba a la población. Era evidente, según su impresión, que la central influiría negativamente en el turismo, en la pesca y en la agricultura, por no consumir los productos locales, estando el desarrollo local en peligro. Para acabar, planteará una votación nominal que decidiera sobre la idoneidad de la central.

Habrá un debate posterior donde intervendrán varios concejales. José María Muñoz García manifestará que el proyecto tenia algunos puntos oscuros y afirmaciones que no se correspondían con la zona; Andrés Fuster Pérez incidirá en que, a diferencia de otros lugares donde las centrales estaban en lugares alejados, esta iría a solo diez kilómetros de Águilas; Francisco Franco Muñoz señalará que había podio intercambiar, por su trabajo, impresiones con personas competentes en la materia y todos daban opinión desfavorable; Hilario García Lázaro, en su intervención, explicaba que había podido leer diversos artículos en estas fechas, además de las declaraciones negativas del Premio Nobel de Física al respecto. Por último, Lorenzo Martínez Pallarés comentará que no tenía nada más que añadir a lo anterior y puntualizará que, según el Plan General de Ordenación Urbana, no era suelo apto para uso industrial. Una vez terminaron, se procedió a la votación de forma nominal, dada la importancia del asunto, donde individualmente iban siendo nombrados los concejales para conocer el veredicto que daban de viva voz, entre aclamaciones de los asistentes al conocerse su negativa. El resultado será de oposición unánime, porque los terrenos estaban calificados por el Plan General de Ordenación Urbana como suelo rústico de control, siendo fundamentalmente turísticos y residenciales, prohibiéndose un uso industrial, habiendo una fuerte ovación en una sesión histórica que había marcado el futuro de Águilas.  Finalizado el acto y a la salida de los miembros de la corporación, las personas congregadas volvieron a mostrar su satisfacción por la postura adoptada de las autoridades locales.

El alcalde Guillén Florenciano, cuando se le preguntaba por el tema en la prensa, apuntaba que esperaba que en el futuro se le juzgara teniendo en cuenta el momento y las circunstancias como se produjeron y desarrollaron estos hechos. Después de la decisión adoptada, habrá algunos días cortes de luz desde las siete a las once de la mañana, lo que se entenderá por muchos como una represalia. Lorca también se opondrá en una sesión de solo diez minutos con ese único orden, el día 22, con solo dos votos favorables, por no darse garantías necesarias al no conocerse las zonas de seguridad, control y vigilancia y no haberse considerado los índices de población, agricultura, expansión turística, además del peligro que suponía por lo imprevisible que resultaba en caso de accidente. Al día siguiente, lo mismo pasará en Mazarrón y otro tanto en el vecino municipio almeriense de Pulpí.

No suponía, en absoluto, que se hubiera producido una paralización definitiva del proyecto. Un apunte establecía que la votación siempre quedaría subordinada al interés general de la nación, por lo que podría supeditarse al mismo. Un mes después, el ayuntamiento concederá a la compañía licencia de obras para diversas actividades dentro de los terrenos adquiridos, pese a haberse mostrado opuesto en sesión plenaria y pública. Entre los trabajos que se efectuarán, sin impedimento alguno, estará la construcción de una estación meteorológica con sus instalaciones auxiliares para hacer un estudio geológico del suelo mediante sondeos periódicos. El objetivo era recoger datos, por un periodo mínimo de un año, que luego debía ampliarse varios más, para hacer un informe preliminar de seguridad. Las mediciones serán realizadas por Juan Fernández, que diariamente se desplazaba para recoger los resultados.

Las cautelas de Hidroeléctrica durante ese tiempo harán a muchos olvidarse de la cuestión de la central Nuclear de Cabo Cope. De esta manera, la compañía presentará en septiembre de 1975 la documentación y los estudios exigidos por la Junta de Energía Nuclear (hidrología superficial y subterránea; oceanografía, y geotecnia de la zona) para la autorización provisional de la ubicación. El problema vendrá con la naturaleza geofísica del terreno. Los resultados del informe, que debían entregarse en octubre de 1975, resultaron desfavorables en este sentido.  La elevada sismicidad registrada demostraba su inviabilidad con una central nuclear. No se había tenido en cuenta por parte de los técnicos de la compañía la cercanía de la población con 18.000 habitantes.

De esta manera, la central nuclear de Cabo Cope quedaba en suspenso, pese a los intereses económicos levantados. Ese mismo mes se anunciaba que se buscaban otras ubicaciones en el interior de la provincia, en dos puntos del curso del río Segura, junto a la confluencia del Mundo con éste, o bien junto al pantano del Cenajo y otras dos en la costa una en Cabo Tiñoso y otro en Portman. Ninguna de estas se haría finalmente. El programa de centrales nucleares no resultaba realista en cuanto a la capacidad material de construir un número tan elevado en el periodo estimado, de esta manera seria abandonado. La respuesta popular contraria a las mismas, con el inicio de las libertades democráticas poco después, resultará determinante. El Gobierno socialista en 1986 ratificará el Tratado de No Proliferación Nuclear, renunciando a la bomba atómica que era el objetivo principal de este volumen de centrales. Posteriormente, los terrenos de Hidroeléctrica en Cope serían incluidos dentro del Parque Regional de Calnegre- Cabo Cope, que luego intentaron urbanizarse en el Complejo Turístico Marina de Cope de Interés Regional.

En la actualidad, queda de vestigio del proyecto, la antena de la estación meteorológica, como un símbolo de la fracasada historia de la energía nuclear de Águilas.

Atículo de Pedro Francisco Sánchez Albarracín