El otro día hice la primera visita a un parque infantil acompañado de la que va a hacer próximamente uso de sus instalaciones, es decir, de mi hija de 8 meses. Ella estaba allí asombrada de ver tantos niños gritando, corriendo, columpiándose o lanzándose por el tobogán. Yo, como no, intentando que no se me cayera la baba. Pero mientras estaba embelesado observando a mi hija, empecé a ponerme nervioso al ver dos niños que estaban “haciendo el cafre” en un columpio especial para niños discapacitados. Estuvieron haciendo burradas con el columpio hasta que una madre de otros niños y yo les llamamos la atención. Para colmo, cuando salieron corriendo fueron a los otros columpios, ya si de los de toda la vida, a seguir con su actitud, aunque eso si, pegaditos a sus madres, que para mi sorpresa se encontraban en el mismo parque, a escasos 30 metros, tan felices y pasando de todo.

Dos días antes de toda esta historia que me sucedió, salió en prensa que el Ayuntamiento de Águilas había gastado 130.000 € durante el año 2016, como consecuencia de los arreglos derivados de daños por actos vandálicos. Se puede no considerar acto vandálico la actitud de los niños, ya que no superaban los 9 ó 10 años, sin embargo, pensándolo fríamente, creo que si se debía tener en cuenta como tal, pero no por lo niños, sino por la actitud de los padres ante los actos de sus hijos, como tantas otras situaciones en las que la falta de responsabilidad de los padres las pagamos los demás, creando a su vez éstos, pequeños monstruos que no saben valorar las cosas.

Buscando un poco por Internet veo que el precio mínimo de un columpio de ese tipo es de unos 1.300 €, que en caso de haberse roto lo hubiéramos pagado entre todos y cada uno de los contribuyentes, no por parte de las madres que estaban en el lugar. Ese es uno de los grandes problemas de cuando vemos este tipo de noticias, que leemos que el Ayuntamiento de tal o cual municipio ha gastado equis dinero, sin embargo no nos paramos a pensar que quien realmente paga cada uno de esos destrozos no somos nada más que los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, siendo nosotros mismos quien malgastamos ese dinero en las actitudes de los niños, adolescentes y mayores incívicos que te pondrán mil excusas para esos comportamientos.

La falta de valores, la sensación de impunidad, la creencia de eximirse de responsabilidades, ha hecho que nuestra sociedad, en cierta forma, vea, y sobre todo asuma, que estos gastos deben ser pagados por las administraciones, y además esta última, asume que parte de sus presupuestos se dirijan a subsanar las deficiencias creadas por actos vandálicos, sin embargo, no luchan con el mismo ahínco contra ellos, sobre todo en el derecho que tienen a actuar civilmente contra las personas que producen estos daños, y que le sean reparados por los propios causantes, o en el caso de ser menores por sus padres. Posiblemente no luchen de la misma forma contra ellos porque el dinero no sale de sus bolsillos, que eso siempre duele más, sino que sale de un ente como es la hacienda pública, es decir, de todos nosotros, siendo siempre más fácil tirar de esa cuenta bancaria que de la de uno mismo.

Pero realmente, ¿existe forma de luchar contra los actos vandálicos? Está claro que es imposible evitarlos. Con la sociedad que tenemos necesitaríamos para evitarlo un policía en cada esquina o una cámara en cada rincón de la vía pública. Sin embargo creo que si existen vías para disminuir el gasto. Aparte de una mayor y más efectiva presencia policial en los lugares más conflictivos, donde se reúnen los grupos que más actitudes de este tipo tienen, y que normalmente son conocidos, se tienen que aplicar medidas disuasorias rentables a largo plazo, y se debe aplicar la ley, a través de todas sus formas.

Por un lado aplicar medidas disuasorias en las zonas donde los niños deben estar protegidos, en los parques infantiles, en los que sería conveniente un simple vallado en la zona de juegos, y presencia de controladores en el horario infantil, con cierre de puertas en horario nocturno. Por otro lado colocación de cámaras de vigilancia en los entornos públicos más importantes, cuidando los lugares más atractivos para el turismo, habiéndose comprobado ya que esta medida ha sido efectiva en algunos rincones del municipio.

Por último, la aplicación de la ley, y digo lo último porque sería la medida a tomar cuando ya se haya cometido el hecho. Hoy en día existen dos buenas normas que nos permiten actuar contra los que cometen vandalismo. Por un lado, a nivel nacional, la ley 4/2015 sobre protección de la seguridad ciudadana, que es la que menos vamos a utilizar en estos casos, y por otro lado a nivel local, y un gran acierto de la actual corporación, la ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana. Esta ordenanza, aún desconocida para muchos, protege precisamente de actitudes incívicas y que hasta hace poco, y aunque parezca mentira, no se podían denunciar, tales como cagar u orinar en la vía pública de Águilas.

Con esta ordenanza, cualquier acto de vandalismo puede ser denunciado, y lo más importante, se puede actuar contra él para que repare el daño, y en su caso actuar vía civil contra el causante o su responsable civil subsidiario. Esta última parte, vuelvo a decir, es la más importante, ya que para qué sirve coger a una persona causando un daño si después no va a pagar su reparación. Por ello, este es el eslabón más importante de la cadena, debiendo tener la administración la obligación legal, y sobre todo moral, de actuar contra ellos y pedir hasta el último céntimo de lo que vale la reparación del daño. Desgraciadamente es aquí donde el eslabón más suele fallar, y donde la administración no siempre acaba bien su trabajo.

Las madres de aquellos niños del columpio no se creen responsables de sus hijos, los padres de muchos jóvenes con los que nos cruzamos en nuestro trabajo no se creen responsables, y lo peor de todo es que en muchas ocasiones esa irresponsabilidad se la transmitimos entre todos los que conformamos parte del sistema, ya que no siempre actuamos con las “armas” que el mismo sistema nos entrega para hacer efectivas de verdad las medidas de reeducación que conlleva la reparación del daño causado. De verdad, una pena, estamos creando una sociedad en el que todos son responsables, todos, todos menos yo.